Birmania y la señora Suu Kyi
Mural de Shepard Fairey en Wynwood Walls de Miami. En primer término, Suu Kyi cc Helen Anders

La líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, acaba de finalizar una gira por Europa para recoger, entre otros, el Premio Nobel de la Paz de 1991 y el máximo galardón de Amnistía Internacional, de la que ha sido embajadora de conciencia. Con 67 años, no ha perdido fuerza y carisma, ni es un recuerdo del pasado. Incorporada  de lleno a la política – ahora en la legalidad – es muy popular entre la juventud. En su primer viaje fuera de Birmania ha pedido apoyo para la democratización efectiva de su país.

Después de unas elecciones tramposas, la heroína de la oposición de Birmania, Aung San Suu Kyi (Premio Nobel de la Paz en 1992) ha sido liberada el 13 de noviembre de 2011.

 

En 20 años ha pasado 14 en arresto domiciliario. En el poder desde 1962, la Junta Militar ha considerado que el apoyo de más del 80 % de los votantes en las elecciones de principios de noviembre les da margen suficiente para permitir que “la Dama de Rangún” pueda tener libertad de expresión y movimientos.

 

El grupo de generales encabezado por Than Swe y las formaciones políticas civiles creadas y financiadas por ellos han iniciado un proceso de reformas en siete fases. Un paso han sido los comicios y otro la liberación de la señora Suu Kyi.

El Tatmadaw ha regido Birmania desde 1962. Un autoritarismo militarizado ejerce el control político y económico del país. Ne Win proclamó la “vía birmana al socialismo”, mentira que sirvió para que se entregaran la mayoría de los bienes a empresas dirigidas por los uniformados. La élite militar –procedente de las clases medias urbanas- sus familias y los funcionarios que les apoyan (dos millones de personas de una población total de 48 millones) han formado un Estado dentro del Estado y disfrutan de grandes privilegios y del 40% del presupuesto de Birmania. Than Shwe, primera figura de la cúpula militar, mantiene estrechas relaciones con el magnate Te Za, propietario de sociedades con intereses en el turismo, la madera de teca y en negocios de armamento. Los arreglos de cuentas en la Junta militar han sido habituales, como sucedió con Khin Nyunt en 2004, por discrepancias sobre la Constitución y la actitud hacia minorías étnicas poderosas como los shans, que apoyaban la represión de otros pueblos.

 

Cartel de apoyo a Suu Yi de Amnistía Internacional en su liberación

 

El gabinete decidió el traslado de la capital de Rangún a Pyinmana en 2008. Rebautizada como Naypyidaw  (ciudad real), fue el punto de partida de la lucha contra el ocupante japonés en la Segunda Guerra Mundial. Los jefes militares se identifican con las estatuas de los monarcas precoloniales que se elevan en sus patios y se han apropiado de la legitimidad de la rebelión contra el invasor.

 

Situada en el centro del país, la nueva capital es el escenario fantasmagórico de un dorado aislamiento desde donde controlar mejor a las minorías étnicas situadas en los territorios fronterizos.

 

El Estado militar birmano ha ejercido un nacionalismo xenófobo, que modificó las denominaciones del país (Myanmar) y de las ciudades y ha diezmado a los pueblos shan, karen, ranjin y mon, obligando a huir a decenas de miles de personas a Tailandia.

En 2010 el malestar de la población se convirtió en indignación después de que el Gobierno decretara una subida de casi un 500% los precios de los carburantes, cuando más de la mitad de un salario medio de 2.000 kyats (2 dólares al día en el mercado negro) se destina al pago del transporte. Los gastos de edificación de la capital y el aumento de los salarios de los funcionarios para asegurar su apoyo al régimen vaciaron las arcas del Estado. Asia Times precisa que esta medida forma parte de un programa de reforma económica y financiera que coincide con la visita de altos cargos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Las acciones de una nueva generación de opositores, el movimiento Generación 88 -universitarios rebeldes ese año y muchos de ellos posteriormente presos políticos- han sido un buen ejemplo de resistencia no violenta activa, inspirada en los principios de paz y armonía de la tradición religiosa birmana: en 2006 recogieron más de medio millón de firmas exigiendo democracia y reconciliación nacional y promovieron una campaña multiconfesional de plegarias en los lugares de culto budista. “No podemos permanecer impasibles porque la pobreza del pueblo es la nuestra” ha señalado la “sangha” o comunidad monástica budista. La Alianza de Todos los Monjes Budistas de Birmania se sumó a las movilizaciones. Entonando el “Metta Suta” (enseñanza de Buda sobre el amor universal), dieron testimonio de su espiritualidad, ascendiente moral y propuesta ética. Otros monjes llevaron a cabo el “patam nikkujjana kamma” o rechazo de las donaciones del régimen. Los monjes birmanos tienen una larga historia de implicación política: en 1918 y en 1930 participaron en las rebeliones anticoloniales contra los británicos. Muchos fueron encarcelados y asesinados en las revueltas de 1988 y 1990. El clero desempeña también un gran protagonismo en la ayuda social, allí donde el Gobierno no quiere llegar. El número de monjes asciende a 340.000, similar al de los soldados, pero aquéllos sólo llevan en sus manos un cuenco para recibir el arroz de una población que les venera.

Pagoda de  Naypyidaw. Autor: Hybernator para Wikipedia

El régimen ha sido la suma de una camarilla militar – oficiales megalómanos y aficionados a las adivinaciones astrológicas – burócratas, que se han apropiado del poder político y económico del país. Alrededor del 40% del PIB es patrimonio de altos cargos del ejército. Esos dirigentes aplicaron la fuerza de las armas y las detenciones arbitrarias para frenar las protestas estudiantiles de 1988, de la oposición en 1990 y de los monjes budistas (rebelión azafrán) en 2007. Tampoco fueron incapaces de auxiliar a la población durante el ciclón Nargis en 2008. Ahora, no se han convertido de repente en demócratas. Más bien, la intención de la Junta es mejorar su penosa imagen internacional y aliviar la presión exterior. Asimismo, pretenden que vecinos como China, India, Tailandia y los países del Sudeste Asiático puedan continuar sin trabas, ni reproches la alianza que mantienen con los militares para hacer estupendos negocios en un país con grandes riquezas naturales. Dos razones más para este cambio teledirigido: comienzan a aparecer fisuras en la jerarquía del régimen y es preciso mantener la unidad cuando se intensifica el conflicto con las minorías étnicas del norte y el este del país (Kachin, Shan, Karen y Wa) en combate abierto con las tropas gubernamentales. Precisamente, la denominación que los generales dieron a Birmania desde 1989 fue Unión de Myanmar, con la finalidad de centralizar el Estado frente a las diversas etnias.

 

Ante la presión de las manifestaciones en la calle – reprimidas con dureza – y por los obstáculos que el embargo internacional ha representado para la acumulación económica de los dirigentes militares y sus acompañantes, la Junta Militar, en el poder desde 1962, se disolvió en marzo de 2011.

 

Un mes antes, Thein Sein – un general, transformado en civil y sin acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos –  fue elegido presidente, después de que en noviembre de 2011 se celebraran las primeras elecciones en 22 años. La Liga Nacional para la Democracia, encabezada por Kyi, boicoteó los comicios. Las reformas comenzaron despacio: liberación de decenas de presos políticos; libertad de expresión; encuentro con la “dama de Rangún” y elecciones parciales en abril de 2012. Denominada “democracia disciplinada”, esta transición ha sembrado muchas dudas en las filas disidentes. La LND pidió su legalización en 2011 y sólo aceptaron sentarse en los escaños conseguidos (43 de 45) en las legislativas parciales de abril de 2011 cuando pudieron jurar “respetar” la Constitución y no “salvaguardar”.

Thein Sein, por Tomohiro Ohsumi ©Bloomberg

Thein Sein ha logrado así superar el aislamiento del régimen: Australia y la Unión Europea han incrementado sus relaciones económicas y parece seguro que presidirá la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) en 2014. Uno de sus principales desafíos es solucionar los profundos conflictos entre las etnias. Son el 32% de una población total de 55 millones y ocupan el 60% del territorio. El Estado se constituyó a partir de la etnia birmana, que ha marginado política y económicamente al resto. El centralismo, incluso con alusiones míticas al pasado de los antiguos reyes – casi semidioses – ha sido fundamental en la dictadura militar, basada en las ideas de unidad nacional y de superioridad de los myanmars (antiguos pobladores del país y denominación dada al Estado por el ejército, frente a Birmania, de la oposición) No obstante, en enero se firmó el alto el fuego con una docena de guerrillas, situadas en las fronteras de India, Tailandia y China. El principal pacto se ha llevado a cabo enero con el KNLA Karen, en armas desde hace 60 años en el sureste del país.  Pero, siguen las hostilidades con los Kachin, en el norte. También se han recrudecido los enfrentamientos con decenas de muertos en Rakhine, al oeste, donde viven los Rohingyas, 700.000 personas musulmanas sin derechos de ciudadanía. La población budista, tanto desde el Gobierno como en la oposición, consideran que son inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh, aunque los Rohingyas están instalados allí desde hace siglos, cuando existía el reino musulmán de Mrauk-U. Durante la época colonial británica su nombre era Arakan, pero la Junta posterior cambió el nombre en 1989 para reafirmar a la mayoría budista Rakhine.

La mutua desconfianza entre las etnias impide una pacificación completa y duradera, ya que el ultracionalismo de los militares todavía es la columna del régimen. El presidente reformador Thein Sein intenta reeditar el acuerdos de Panglong, fundador de la Unión Birmana, en febrero de 1947, precisamente entre Aung San – padre de Suu Kyi – y los delegados de otras etnias. Allí se establecieron derechos de ciudadanía igualitarios y el principio de autonomía en un sistema federal. Después del asesinato de Aung San, en julio de 1947, el golpe de estado militar liquidó este proceso. La vuelta de las 600.000 personas desplazadas en los países vecinos y la creación del censo en 2014 -poco antes de las esperadas elecciones democráticas- son las prioridades para comprobar el cambio del gobierno reformador.

Recogida del arroz en Birmania. cc Richard-dicky. 2006

La propiedad de la tierra y el respeto a la naturaleza son igualmente dos retos más. El 70% de Birmania son pequeñas explotaciones agrícolas y la agricultura representa el 43% del PIB. La dictadura nacionalizó la tierra en 1963 y las nuevas autoridades han iniciado un proyecto de reforma agraria  que, de entrada, pretende vender 4.000 hectáreas a las compañías multinacionales. Buena parte del campesinado ha salido a la calle en manifestaciones de protesta ante la perspectiva de convertirse en jornaleros con un salario mínimo, ocupar empleos miserables, acabar  directamente en el paro o sumarse a los seis millones de personas obligadas a emigrar para encontrar trabajo. Aunque en conjunto la pobreza ha disminuido del 32 al 26%, los precios de la electricidad, transporte y alimentos básicos se han duplicado y los primeros a quienes se han subido las pensiones han sido los funcionarios y a los militares, con la intención de que no interrumpan las reformas.

 

Organizaciones que luchan contra la droga implican en el tráfico de opio y de metanfetaminas (en 2011 segundo productor de adormidera, 610 toneladas, después de  Afganistán, y 38.100 hectáreas, un 20% más que en 2009) a uniformados, políticos y milicias del partido en el poder. A pesar de todo, en 2010 el gobierno eliminó 8.268 hectáreas de plantaciones de opio, un 102 % más que el año anterior.

 

Por otro lado, Birmania es el cuarto país del mundo que provoca mayor calentamiento climático: cada año desaparece el 1% de la superficie forestal del país, resultado de un modelo de desarrollo insostenible. Thein Sein ha querido ganar partidarios mediante la suspensión de las obras de la presa Myistone y la prohibición de las bolsas de plástico. Pero los movimientos ecologistas reclaman que se suspendan las obras de otras presas; se impida la explotación descontrolada de oro, estaño, minerales y piedras preciosas que causan contaminación en los ríos; y la deforestación de los bosques de madera de teca, que ha devastado cientos de kilómetros cuadrados en el nordeste. Sin embargo, los intereses y la corrupción consiguiente pesan más, ya que la  mayoría de las empresas inversoras y compradoras de estos recursos son chinas y de ellas depende la financiación y construcción de muchas infraestructuras de Birmania.

La democratización está en marcha, pero su futuro es incierto. Los opositores subrayan que una de sus exigencias es modificar la Constitución, que todavía reserva a las Fuerzas Armadas un 14,9 % del Presupuesto estatal, frente al 2,9 y el 4,9% respectivamente para la sanidad y la educación, y una cuota de 110 escaños del total de 440 que componen el Parlamento.

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Javier Aisa
Co-fundador de Espacio REDO. Periodista especializado en actualidad y conflictos internacionales y docente en asociaciones, Centros Culturales y aulas de extensión cultural en las Universidades de Navarra, País Vasco, Burgos y Valladolid. Áreas de análisis preferentes: el mundo araboislámico y África subsahariana.
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