La abstención ha ganado las elecciones legislativas con un 47%, mientras el Frente de Liberación Nacional (FLN, partido del presidente Buteflika) ha logrado el 47,6% del 53% del censo que ha acudido a las urnas. Casi la mitad de la población argelina ha dado la espalda al intento del régimen de ofrecer una imagen de apertura política. La oposición denuncia fraudes.
El FLN se eterniza en el poder desde 1962, después de la insurrección contra Francia. Si es preciso con golpes de Estado: el coronel Bumedian derroca en 1965 al líder Ben Bella y, sobre todo, contra el Frente Islámico de Salvación (FIS). Su triunfo electoral en enero de 1992 fue la excusa para frenar completamente las libertades políticas. Los militares – especialmente los servicios secretos – han confiscado la revolución; controlan los resortes del poder, aunque muestren una imagen civil; y ganan siempre en medio de la lucha de facciones que caracteriza en Argelia.
Desde hace 12 años Buteflika permanece en la jefatura del Estado. El régimen ha sabido conservar las riendas del poder con tácticas que le han dado resultado. El programa de reconciliación nacional (después de la guerra civil de 1992-2003) echaba un manto de silencio sobre las responsabilidades del ejército en la represión de esos años. Asimismo, la creación de un sistema clientelar ha absorbido tendencias políticas enfrentadas (religiosas y laicas) con la oferta de integrarse en la administración y disfrutar de las ventajas económicas del poder. Incluso un sector de los islamsitas (Movimiento por la Sociedad y la Paz) han participado en el Ejecutivo y en el reparto de pactos y favores. Tampoco ellos han sido muy eficaces y honestos en sus cargos. Es una de las razones – además de posibles trampas – de haber logrado sólo 48 escaños, 11 menos que en la anterior Cámara. El Estado todavía prohíbe que grupos del antiguo FIS intervengan en política.
El propósito de estas elecciones ha sido abrir algo la mano para que nada cambie. La multiplicidad de listas (hasta 33); la division de la oposición y el llamamiento a votar a toda la burocracia y organizaciones del FLN han asentado esta victoria del partido principal del régimen, a pesar de conseguir solo el apoyo de un tercio del censo electoral. Se contienen así las movilizaciones sociales y políticas.
Pero algo va mal cuando la población argelina figura en el puesto 46 de 60 países, según el índice medio de bienestar (revista Globeco). Un ejemplo de la distancia entre el Estado y la sociedad son los problemas de la juventud: el 65% de 36 millones de habitantes tiene menos de 25 años. El día de la celebración de la independencia coincide con el de la juventud. Una gran contradicción. Su frase habitual es “j’ettoufe” (me ahogo) y consideran un “asunto de viejos” símbolos y eslóganes de la lucha por la liberación. Las elites políticas se eternizan con paternalismo y firmeza. Un aparato viejo – la mayoría de los dirigentes superan la edad de jubilación – se resiste a dejar el poder. La gente joven apenas existe en los puestos de responsabilidad de la administración. Con un salario medio de 303 euros, nunca alcanzarán los 354 que cuesta el alquiler mensual de una vivienda.
Han nutrido las cifras de la abstención como rechazo frente a un sistema caduco. Lideraron las revueltas del pan y del aceite en los años 80 y, en estos meses, las manifestaciones a favor del cambio. No obstante, predomina la desconfianza y la indiferencia, después de años de exclusión social y aspiraciones insatisfechas de libertad y progreso.
Otra incoherencia más. Argelia produce 1,3 millones de barriles de petróleo al día (el noveno del mundo) e ingresa cerca de 13.000 millones de dólares (el quinto país árabe). Representan el 96% de las exportaciones; 40% del PIB y 60 % del presupuesto. Estas rentas han servido para crear múltiples infraestructuras. Un posible descenso de los precios genera menos recursos para políticas sociales y, en consecuencia, más protestas, máxime cuando se comprueba que buena parte de estos recursos han acabado en manos de las autoridades políticas y militares, los especuladores y negociantes sin escrúpulos.
Para contener las movilizaciones, el gobierno ha distribuido subvenciones aquí y allá, pero el maná de los hidrocarburos no durará siempre. Los datos ahora mismo son reveladores: el 30% de la población está en paro (el 50% es menor de 30 años) y en 25 años la renta media sólo se ha incrementado en 1.000 euros, de 6.358 a 7.421 euros. Es el fracaso de un modelo económico y de un régimen carcomido por la corrupción.
La política oficial está desacreditada, atravesada por la violencia de las mafias instaladas en la administración, los negocios inmobiliarios, el suministro de alimentos y las explotaciones de los hidrocarburos.
La crisis política se resume en que las instituciones han perdido legitimidad por la abstención electoral, que descalifica el balance del Estado y rechaza reformas maquilladas, como la próxima revisión de la Constitución. Pero es imprescindible tener en cuenta que la oposición – con proyectos sociales y políticos muy diferentes – es incapaz de presentar un programa democrático, dado que tienen proyectos sociales y políticos muy diferentes, en los que todavía quedan decidir las relaciones entre religión y política.
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