- Publicado en Diario de Navarra el 20/08/2013
Continúa la represión sangrienta en el país del Nilo – eje decisivo de la región árabe – contra quienes se han lanzado a protestar en las calles y en las mezquitas por el golpe de Estado del 3 de julio. Ahora se perciben claramente las intenciones de los generales. Es una estrategia calculada y dispuesta en los últimos meses.
Progresivamente, los militares han reforzado su determinación de acabar con el gobierno dirigido por el presidente designado democráticamente, Mohamed Morsi, en junio de 2012.
Han sumado diversas tácticas a lo largo del tiempo, clásicas en toda asonada: creación de movimientos afines a la intervención de las Fuerzas Armadas; manipulación de las protestas de la oposición a Morsi; infiltración para aumentar la violencia y el caos en las calles; alianzas internas y pactos con potencias extranjeras, acordados en múltiples reuniones. Asimismo, los servicios de seguridad han promovido una campaña constante de deslegitimación y desprestigio de las autoridades elegidas y de la Cofradía islamista, a las que se acusa ya de traidores y terroristas.
Los errores colosales de la presidencia y de la Hermandad, sobre el peso de su particular visión particular del islam político en el proceso constitucional y la nula relevancia concedida a las reivindicaciones económicas y sociales, han dado argumentos a los protagonistas del golpe. Tampoco los necesitaban porque la decisión de derrocar a Morsi y quebrar la voluntad de los partidarios que le votaron estaba tomada desde los resultados electorales del año pasado.
Sin embargo, el empleo de la fuerza más brutal en una escalada de violencia cada vez mayor (en casi dos meses han muerto más de 1.200 manifestantes) y la imposición del estado de emergencia pretenden eliminar definitivamente de la acción política y social a los Hermanos Musulmanes.
El asalto a los campamentos y a las mezquitas se ha realizado también como un factor de provocación que impulse a los partidarios de la Hermandad a abandonar la no violencia activa y responder con las armas. Sería la mejor justificación para que las Fuerzas Armadas fortalecieran su protagonismo, cuyo propósito central es conservar la tríada caudillista: armada, económica y política. De esta manera, los uniformados reajustan la transición: no hacia una democracia completa, sino en provecho de un nuevo régimen autoritario, en el que toda la población perderá derechos y libertades.
Los militares nunca abandonaron el poder. Para controlar la avalancha de protestas contra Mubarak en febrero de 2011, favorecieron el relevo del dictador y reafirmaron así su liderazgo ante la debilidad de las fuerzas opositoras. Hasta junio de 2012 consolidaron su poder igualmente mediante la violencia. Pero precisaban mostrar una imagen nacionalista y democratizadora y convocaron elecciones legislativas y presidenciales. El triunfo de la única fuerza opositora organizada, los Hermanos Musulmanes, otorgó la presidencia y el gobierno a este movimiento islamista, su histórico enemigo y competidor. La Hermandad podía recortar sus privilegios y llevar a cabo una política exterior contraria a los intereses del Ejército, como protagonista económico y político en Oriente Próximo, especialmente por su alianza con Estados Unidos, Israel y algunas monarquías petrolíferas de la Península Arábiga. El relevo del mariscal Tantawi como ministro de Defensa, en agosto de 2012, fue la señal para iniciar el acoso a los Hermanos y obstaculizar todo el proceso democrático. De paso, el gobierno interino y las fuerzas de seguridad neutralizarán cualquier reivindicación que defienda los derechos sociales y la soberanía económica.
Además, en Egipto se juega la disputa por la influencia del islam en la política y la hegemonía en su dimensión religiosa. No otra cosa es la injerencia de Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos en los asuntos egipcios. Con su ofrecimiento de 12.000 millones de dólares demuestran su apoyo a los militares. En contrapartida, exigen la derrota de los Hermanos Musulmanes. Los ultraconservadores saudíes y sus vecinos prefieren a los grupos salafíes – más cercanos a la versión wahabí en el islam – para que aumenten su presencia en la política de Egipto y en la reislamización regional, que incluye también el debilitamiento de la Hermandad en la oposición siria y la marginación del movimiento islamista Hamas como interlocutor en Palestina. La pretensión saudí de encabezar el mundo islámico implica evitar su reforma política y religiosa. A la vez, las petromonarquías, que han acumulado las fortunas evadidas por empresarios y funcionarios corruptos de Túnez, Libia y Egipto, intentan vacunarse contra cualquier disidencia en sus propios países y frenar así las movilizaciones de las poblaciones árabes que aspiran a la democratización – sin padrinazgos extranjeros – y a la justicia social.
Ninguna de estas reivindicaciones es posible si en Egipto los Hermanos Musulmanes son perseguidos. Forman parte de la población egipcia desde 1928.
Su expulsión de la escena política contribuirá a la extensión del extremismo yihadista, en medio de un drama alentado por la violencia de las Fuerzas Armadas. El analista Esam Al-Amin subraya: “el clientelismo armado y el oportunismo institucional de 59 años de historia se resiste a desaparecer.”
Amplía la información
- Santiago Alba Rico en Rebelión
- Esam Al-Amin en Rebelión
- Página web de Tariq Ramadan
- Robert Fisk en La Jornada
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