En los últimos meses varios acontecimientos muestran algunos desafíos con los que se enfrenta el nuevo gobierno nacionalista conservador en Israel, formado no sin dificultades en mayo, dos meses después de las elecciones anticipadas, y dirigido por el incombustible y muy hábil Benjamin Netanyahu.

Permanecen en Israel importantes conflictos relacionados con las diferencias y choques sociales, culturales y de convivencia. De entrada, con la población árabe-palestina de los Territorios Ocupados o con ciudadanía israelí. Un dato del avance de las tesis segregacionistas del gobierno actual ha sido impedir que 50.000 palestinos cisjordanos que trabajan en Israel puedan volver a sus casas en los mismos autobuses que los judíos. Esta dura medida fue retirada por las críticas de la oposición, pero demuestra la opción gubernamental por una seguridad que incluye la marginación de la población palestina y la superioridad judía.

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La lucha en Gaza continuará – con tregua humanitaria o definitiva – mientras no se negocie la gran cuestión de fondo: que la población palestina tenga un Estado propio o que se integre en igualdad de derechos y con justicia en un Estado binacional junto a los judíos. Igualmente, que se aborden asuntos como la capitalidad conjunta en Jerusalén y el derecho de los refugiados palestinos al retorno. De inmediato, es imprescindible el final de las acciones militares y del cerco económico y sus consecuencias en Gaza y, en paralelo, considerar que Hamas figure como un interlocutor en cualquier proceso de pacificación, si no se quiere que su espacio sea ocupado por el extremismo yihadista.

Son condiciones imposibles de lograr, entre otros motivos, por la progresiva e interminable colonización de Cisjordania mediante los asentamientos judíos y, además, por la discriminación de la población palestina en este territorio ocupado y de la que vive en Israel con pasaporte de este país.

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