Crimea. Ha pasado un año

Publicado por Jaime Aznar el 18 / abril / 2015.

Aunque abandonada por los grandes titulares, la anexión de Crimea no ha dejado de producir noticias hasta el día de hoy. Como todos recordamos el 22 de febrero de 2014 el gobierno pro-ruso del presidente Yanukovich fue derrocado, siendo sustituido por una confusa coalición cuyo denominador común era el nacionalismo ucraniano. Ese mismo día comenzaron las protestas en Sinferopol, la capital de Crimea, de mayoría pro-rusa. Tan solo seis días más tarde se puso en marcha la invasión de la península por parte de fuerzas rusas, que se hicieron con el control absoluto del territorio entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. Deserciones y pequeñas escaramuzas culminaron una operación en la que no hubo grandes combates. El 16 de marzo se celebró un referéndum sobre la independencia de la región respecto de Ucrania, con presencia militar rusa, en el que la secesión fue apoyada por un 96,77% de los sufragios. El 17 de marzo la península quedaba formalmente unida a la Federación Rusa, recobrando el estatus perdido en 1954. Hasta aquí la cronología oficial pero ¿qué ha sucedido desde entonces?

Puede afirmarse que el cambio de estatus no ha traído el sosiego esperado a una población mayoritariamente rusa, descendiendo sus estándares tanto materiales como democráticos.

Austeridad, inflación y falta de inversión aquejan la vida diaria de las finanzas crimeas, mientras la población encuentra dificultades para acceder a determinados bienes de consumo.

Sus salarios también han bajado, cuestionando además la viabilidad de su sistema de pensiones. A pesar de las promesas iniciales la incorporación económica dista mucho de estar completada. Por otro lado, en este año largo de ocupación Moscú no ha protegido adecuadamente los derechos civiles, tal y como informó Human Rights Watch a finales de 2014. Las nuevas autoridades en la península no han podido frenar las actividades de grupos paramilitares que hostigan a la población disidente, con especial atención a los miembros de la minoría tártara y los partidarios del Estado de Kiev. No hablamos de simples intimidaciones, en algunos casos estas personas son objeto de desapariciones forzadas. También desde instancias oficiales se persiguen las opiniones críticas, bajo el pretexto de luchar contra el extremismo.

Otra de las situaciones conflictivas derivada de la ocupación tiene que ver con la nueva nacionalidad de los crimeos. Según la ONG internacional se estaría forzando a aceptar la nacionalidad rusa de tal manera que si esta opción fuera rechazada, el individuo en cuestión queda expuesto a una futurible expulsión como «extranjero». En esta deriva autoritaria no podía faltar el hostigamiento a la prensa crítica. Este pasado mes de marzo conocimos la historia de Natalia Kokorina, trabajadora del Centro para el Periodismo de Investigación que fue detenida por el FSB (heredera de la KGB) sin que todavía se conozcan los cargos que pesan contra ella. Dichas denuncias concuerdan con los informes de Amnistía Internacional en los que se denuncia la dejación de las autoridades frente a las torturas, desapariciones y muertes sospechosas que sufren los opositores en Crimea.

Otro asunto delicado es la legitimidad internacional del referéndum y la posterior anexión, proceso que ni las Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni los Estados Unidos reconocen como válido.

Nos encontramos ante un nuevo episodio de la política de hechos consumados que Vladimir Putin practica en la región. Sabedor de la debilidad de sus rivales más inmediatos, dicta su política con la contundencia que cree adecuada en cada momento. A pesar de las protestas iniciales, los acuerdos Minsk II negociados por Ángela Merkel y François Hollande constataron la irrelevancia de la península en las relaciones bilaterales este-oeste. El analista de la Universidad Europea de Madrid, Javier Morales, hizo recientemente un clarificador diagnóstico al afirmar: «hay que dejar Crimea en un segundo plano si queremos que todavía se pueda cumplir el alto el fuego en el Donbás». Esta parece ser la filosofía de Occidente, ya que el coste económico y político de las sanciones parece haber sido mayor del esperado. Por otro lado la interdependencia de los mercados rusos y europeos aconseja una mayor prudencia para poder cerrar acuerdos en materia energética.

Ahora la atención se centra en la evolución del alto el fuego en Lugansk y Donetsk, cumplido a medias eso sí, pero que garantiza una cierta armonía entre los dos bloques. Quien no parecen confiar del todo en este apaciguamiento son los Estados Unidos. El pasado 10 de marzo la jefa de la diplomacia norteamericana en Europa, Victoria Nuland hizo gala de una contundente retórica al describir los territorios ocupados por los rusos como «reinado del terror». Si bien es cierto que la Casa Blanca animó a Vladimir Putin a aceptar los acuerdos pactados en la capital bielorrusa, a nadie se le escapa la disconformidad de fondo que hay sobre el actual statu quo. La creación de fuerzas de intervención rápida de la OTAN en el perímetro fronterizo ruso y su interés por extender el escudo antimisiles en territorio europeo, evidencian que Norteamérica no descarta en absoluto un plan B para desbloquear la situación.

Crimea se ha ido cayendo poco a poco de la agenda internacional, nuestros apoyos e indignación iniciales se han trasformado en una pragmática dejación de responsabilidades que solo puede entenderse en clave geo-estratégica. Esta desdichada península que ha sido objeto de disputa desde el siglo XVIII, está pagando el precio de la alta política, aquella que sacrifica derechos fundamentales por ingresos imprescindibles. Rusia mostró su falta de respeto al Derecho Internacional, la Unión Europea su impotencia, pero quienes verdaderamente salen perjudicados son sus habitantes. No nos acordamos de ellos pero allí siguen, malviviendo con un puñado de promesas rotas y, tras la euforia inicial de algunos, comprobando lo que se siente al ser una vulgar moneda de cambio.

Imagen: Partidarios pro-rusos dan la bienvenida a un crucero de misiles ruso a su entrada en la bahía de Sebastopol, Crimea. ©AFP