Conmoción e indignación en Sudáfrica por el asesinato de 34 mineros el 16 de agosto en Marikana, a consecuencia de los disparos a quemarropa de las fuerzas de seguridad. La represión de la huelga de 3.000 obreros en una explotación de platino recuerda las peores épocas del “apartheid” del régimen blanco anterior, hace 18 años. Sudáfrica se encamina a su “segunda transición”, retirado Mandela en junio de 1999. Su legado se deshace en las manos de un presidente (desde mayo de 2009) tan populista y excesivo como Jacob Zuma.
La represión de la huelga de 3.000 obreros en una explotación de platino recuerda las peores épocas del “apartheid” del régimen blanco anterior, hace 18 años.
Pobreza, desigualdades y violencia, en uno de los países emergentes más destacados en el mundo y que ostenta la hegemonía en el continente africano, componen el escenario en el que pueden suceder desmanes tan sangrientos como esta masacre. Otros 10 mineros y dos policías murieron en la semana de paros e incidentes en esta región minera a 100 kilómetros al nordeste de la capital Johannesburgo.
Las minas de oro, platino y diamantes son la mayor riqueza de Sudáfrica, primer país productor de platino del mundo, esencial para la industria automovilística. Una de las empresas es Lonmin, tercera en el ranking internacional. Explota y comercializa el 12% de la producción del país y obtuvo en 2011 unos ingresos netos de 321 millones de dólares Estas ganancias contrastan con los poco más de 4.000-5.000 rands (484-605 $) de salario de sus trabajadores y con sus precarias condiciones de vida y de sus familias, en decenas de campamentos de tela, lona y hojalata, más de la mitad sin agua corriente ni electricidad. Los mineros reclaman que su paga llegue a los 12.500 rands. La empresa se ha negado, ya que los precios del platino han disminuido de 1.887 a 1.335 dólares en los últimos seis meses.
Al conflicto social se añade otro problema. Descontentos con el aumento de las desigualdades entre ricos y pobres, se han creado aquí y allá sindicatos autónomos. Existe un enfrentamiento violento – como estrategia de presión en un país donde la violencia campa a sus anchas, con cerca de 20.000 crímenes en un año – entre la Unión Nacional de Mineros (NUM) cercana al Congreso Nacional Africano (CNA), en el poder desde el cambio en 1994, y menos crítico con el orden establecido, y la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU), que acusa al NUM de contemporizar con los empresarios y no apoyar las reivindicaciones. El líder del AMCU, Mathunjwa, califica de vergüenza que aún se cobren salarios de hambre, después de casi 20 años del final del “apartheid”. Reprocha a Cyril Ramahosa, ex dirigente del sindicato mayoritario, de haberse enriquecido en estos años y figurar incluso como asesor del consejo de administración de la Lonmin.
Sudáfrica es el gigante económico del continente. Los gobiernos de Mandela, Mbeki y ahora Zuma han financiado ayudas que benefician hoy a 13 de los 48 millones de habitantes. Sin embargo, el pacto que liquidó la dictadura del “apartheid” político eludió un reparto más justo de la riqueza y mantuvo la segregación económica. Ha mejorado el acceso al agua y la corriente eléctrica, pero queda mucho por hacer en los enormes suburbios del país, donde viven en barracas 1,1 millones de familias. En el otro extremo, durante los Mundiales de fútbol se gastaron miles de millones de dólares en infraestructuras deportivas, ahora desaprovechadas, y el precio de las viviendas en las ciudades subió un 400 % para mayor fortuna de los especuladores inmobiliarios. Cierto que los ingresos mensuales medios de la población negra han aumentado un 37,3% desde 1994 y el índice de pobreza ha descendido (antes un 31% sobrevivía con 1,25 dólares al mes, ahora un 22%) pero estos porcentajes representan la miseria más absoluta, máxime si el 50% de la población malvive con poco más de 3 dólares al mes. El 10% de los hogares más ricos concentra el 50% de la riqueza, mientras que el 40% más pobre, sólo el 7%. Un dato más: el 75% de los niños y niñas negros viven en la pobreza. En contraste, las rentas de las personas blancas se ha incrementado un 83,5 % y la pobreza alcanza a un 5% de la infancia. La población blanca controla un 80% de la propiedad de la tierra, ya que solo se ha devuelto un 10%, según la reforma agraria. Las desigualdades también muestran otra fractura social: la aparición de los “diamantes negros”, esa clase alta negra, que hace grandes negocios, gracias a sus buenas relaciones con la administración.
El presidente sudafricano, Jacob Zuma (en el centro), ante los trabajadores de la mina de platino de Marikana. (AFP)
Sudáfrica ejerce su liderazgo en África. Nkosazana Dlamini-Zuma, ex mujer del presidente Zuma sudafricano, acaba de ser elegida máxima autoridad de la Comisión de la Unión Africana (UA), institución que agrupa a todos los Estados africanos, que no ven con buenos ojos a la diplomacia sudafricana por actuar en solitario y sin aceptar opiniones diferentes. Tampoco cuenta con demasiadas simpatías – mezcla de envidia y resentimiento – porque su expansión es en defensa de sus intereses económicos. Empresas como la cadena de comida rápida Deboniars; la telefonía móvil MTB; la televisión M-Net, etc.., extienden sus redes en muchos países africanos. Sin embargo, la cooperación y ayuda a los países vecinos son escasas; una contradicción cuando sus Estados apoyaron a la resistencia contra el régimen racista.
En uno de los últimos congresos del CNA, el presidente Zuma ha proclamado la necesidad de crear nuevos impuestos a las empresas mineras y otras medidas para que el Estado obtenga recursos con los que ampliar su política social.
Pero, más allá de las reivindicaciones, la alianza gubernamental apenas perdió apoyo electoral en las legislativas de 2009 (del 69,5 al 65,9%) y cuenta con 264 escaños, 15 menos que en la anterior Asamblea. Una mayoría absoluta – formada también por el Partido Comunista-SACT y COSATU, poderoso brazo sindical del CNA – que no alcanza los dos tercios necesarios para proceder a modificaciones constitucionales, que permitan cambios económicos más profundos. La oposición cuenta poco: el segundo partido, la Alianza para la Democracia sólo dispone de 67 asientos en el parlamento y COPE, escisión del CNA, sólo 30. La mayoría de la población negra espera todavía que el Congreso Nacional Africano solucione los problemas, porque cuenta con el capital de haber eliminado el régimen del “apartheid”.
Las huelgas se multiplican: primero el funcionariado, con 1,3 millones de empleados; actualmente los mineros. Surgen cada vez más manifestaciones de la población de los “twonships” (barrios y pueblos de chabolas), que reclaman vivienda, electricidad, agua, educación, seguridad, educación y sanidad. No obstante, en la celebración del centenario del CNA, en febrero de este año, Zuma ha exigido unidad como respuesta a las agrias disputas internas en el partido y el gobierno, a un nuevo retroceso electoral en las municipales y a las protestas.
Poco después de la masacre de los mineros, Jacob Zuma ha declarado luto nacional y la apertura de una investigación. Pero a su demanda de disciplina política deberá añadir resultados en las mejoras sociales.
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